ATE amenaza con complicar los vuelos en 27 aeropuertos antes de la llegada del Papa

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció medidas de fuerza en 27 aeropuertos del país, en vísperas del fin de semana largo previsto por la llegada del papa León XIV a la Argentina. El sindicato responsabilizó al Gobierno de Javier Milei por el deterioro de las condiciones operativas y laborales, y advirtió que el ajuste sobre el sector público podría comprometer la seguridad de trabajadores, tripulaciones y pasajeros. El conflicto vuelve a poner en discusión las consecuencias de una política económica que prioriza la reducción del gasto estatal mientras crecen las denuncias por falta de recursos en áreas sensibles.
 

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó la falta de respuestas oficiales y alertó sobre las condiciones en las que se desarrolla la actividad aeroportuaria. Según el dirigente, faltan ambulancias operativas, insumos para atender emergencias y extintores, elementos indispensables para responder ante situaciones críticas. El gremio apuntó contra los ministros Luis Caputo, de Economía, y Federico Sturzenegger, de Desregulación, a quienes acusa de desconocer las necesidades del sistema. Para ATE, la situación expone una contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y las condiciones concretas en las que deben trabajar los empleados públicos.
 

La protesta está prevista para el viernes 6 de noviembre e incluirá retenciones de tareas que podrían afectar las operaciones en 27 aeropuertos. En Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza, el sindicato anunció un denominado «paro a la japonesa», que consistirá en controles exhaustivos de aeronaves, equipos de rampa, pistas, obras y calles de rodaje. Durante las medidas, se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales. ATE advirtió que las demoras o cancelaciones serán responsabilidad del Gobierno, mientras crece la tensión por la falta de acuerdos.
 

Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el destino de la tasa que pagan los pasajeros al comprar sus pasajes. Según el sindicato, la recaudación anual rondaría los 220.000 millones de pesos, pero menos del 10% volvería al organismo para fortalecer sus operaciones y mejorar las condiciones salariales. La organización exige que el Ejecutivo transparente el uso de esos recursos, realice inspecciones integrales de seguridad e higiene y garantice el mantenimiento de los equipos, además de denunciar fallas en autobombas de los aeropuertos de San Luis y Formosa. El conflicto deja planteado un interrogante de fondo: hasta qué punto el recorte del gasto público puede avanzar sin comprometer servicios esenciales y la seguridad de quienes los utilizan.

Con información e imagen de Mundo Gremial / Redacción: La Rosca